ESTUDIO JURIDICO : hoja de vida

CONGRESO

El Congreso de la República del Perú o Congreso Nacional del Perú,³ es el órgano que ejerce el poder legislativo en la República del Perú, ocupando una posición principal dentro del Estado Peruano. Es, desde 1995, un congreso unicameral por cuanto está conformado por una sola cámara legislativa inicialmente de 120 congresistas y partir del 28 de julio de 2011 por 130 congresistas, elegidos por múltiple distritos (por cada departamento de acuerdo a la población electoral) para un período de cinco años, coincidiendo con el período presidencial. El sistema electoral aplicado es el del voto proporcional preferencial. El actual congreso se instaló el 26 de julio del 2016.

Su sede principal es el Palacio Legislativo del Perú, ubicado en el centro histórico de Lima, a escasas cuadras de la Casa de Pizarro.

El actual Presidente del Congreso es Luis Galarreta, representante de Lima.

CONTRALORIA GENERAL

La Contraloría General de la República del Perú es un organismo constitucional autónomo del Estado Peruano encargado de controlar los bienes y recursos públicos del país.

Tiene su sede central en Jesús María, Lima, Perú, y para su desempeño desconcentrado cuenta con las Oficinas de Coordinación Regional Lima Metropolitana, Lima Provincias, Centro (Huancayo), Norte (Chiclayo) y Sur (Arequipa), así como con 20 Oficinas Regionales de Control en las ciudades de Abancay, Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Chimbote, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, Moquegua, Moyobamba, Piura, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Trujillo y Tumbes.

Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Perú, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana”.

La Contraloría General tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como, contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social.

El actual Contralor General de la República es Nelson Shack Yalta desde el 20 de julio de 2017, nombrado mediante Resolución Legislativa del Congreso Nº 016-2016-2017.

REGISTROS PUBLICOS

Registro público es una institución establecida con fines de dar publicidad formal a determinados hechos, circunstancias o derechos, que funciona bajo regulación y control de la Administración pública nacional, provincial, local o institucional, que prestan así un servicio en pro de la transparencia jurídica. Los registros públicos se ponen en práctica para sustituir, aunque sea formalmente, a otros medios de publicidad material de hechos y derechos.

La inscripción o registro de comerciantes es obligatorio para toda persona jurídica o administrativa que se dedique a ejercer el comercio.

Los registros públicos se suelen clasificar en dos grandes grupos, o categorías, que se conocen cómo registros jurídicos y registros administrativos. Los primeros (registros jurídicos) son aquellos capaces de crear presunciones jurídicas, ya sean iuris tantum (admiten prueba en contra) o lo sean iuris et de iure (presunciones indestructibles). Los segundos (registros administrativos) únicamente ejercen funciones divulgativas, cognoscitivas o de transparencia.

DEFENSORIA DEL PUEBLO

La Defensoría del Perú es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993 durante la presidencia de Alberto Fujimori. Tiene sede en la ciudad de Lima, capital de la República y tiene representación en todo el territorio peruano.

El Defensor del Pueblo es el titular de la Defensoría nacional. Representa y dirige la institución. Es elegido por el Congreso de la República por un período de cinco años. Goza de total independencia para el cumplimiento de las funciones que la Constitución le confiere. Se rige por la Constitución y su Ley Orgánica.

El Defensor del Pueblo busca una solución a problemas concretos antes de acusar a alguien. En consecuencia, no dicta sentencias, ni ordena detenciones. Su poder descansa en la persuasión, en las propuestas de modificación de conducta que formule en sus recomendaciones, en el desarrollo de estrategias de protección preventiva, en la mediación que asume para encontrar soluciones y en su capacidad de denuncia pública en casos extremos.

A su vez, es el titular de la institución, la representa y la dirige. Para ser elegido requiere como mínimo el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la República. Su mandato dura cinco años. Goza de total independencia para el cumplimiento de las funciones que la Constitución le confiere.

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

1.MARCO NORMATIVO

La Constitución Política establece que compete a la Academia de la Magistratura la formación y perfeccionamiento de Jueces y Fiscales, como principales operadores del Sistema Judicial. El artículo 151° encomienda a la Academia tres importantes funciones: la preparación de los aspirantes para ingresar a la carrera judicial, que se viene realizando a través del Programa de Formación de Aspirantes - PROFA; la capacitación permanente de los actuales Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público, que se viene desarrollando mediante el Programa de Actualización y Perfeccionamiento - PAP; y, finalmente, la preparación de los actuales Magistrados para el ascenso dentro de la carrera judicial o fiscal, que se ejecuta a través del Programa de Capacitación para el Ascenso - PCA.

La finalidad, objetivos y organización de la Academia se encuentran regulados en la Ley Orgánica N° 26335 del 20 de Julio de 1994 y, en su Estatuto, aprobado mediante Resolución N° 01-94/AMAG-CD del 26 de Diciembre de 1994. La Academia se encuentra constituída como persona jurídica de derecho público interno y si bien la Carta Magna establece que forma parte del Poder Judicial, su Ley Orgánica le reconoce autonomía académica, económica, administrativa y de gobierno.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 26623 del 19 de Junio de 1996, se incluyó a la Academia de la Magistratura en el proceso de Reforma y Modernización de las instituciones que integran el Sistema Judicial. Las funciones de gobierno se concentraron en el Titular del Pliego del Poder Judicial, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva, quien las delegó en la Comisión de Reorganización y Gobierno de la Academia. Dicha Comisión, desde el segundo semestre de 1996, inició un proceso de reestructuración administrativa y organizativa con el objetivo de consolidar la Institución y mejorar su eficiencia.

2. MISIÓN DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

La Academia de la Magistratura tiene como misión la formación de nuevos Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la capacitación y perfeccionamiento de los actuales, propiciando la integración de competencias técnico-jurídicas, con valores inherentes a una Magistratura democrática y moderna.

Esta misión se deberá concretizar a través de diferentes medios como son :

La optimización de la calidad académica de los cursos, con niveles de excelencia en cuanto a los contenidos, la metodología y los profesores.

El desarrollo del razonamiento jurídico práctico en el cumplimiento de su función.

La incorporación de variables como reforzadores de conducta en la magistratura.

La medición de impacto del aprendizaje académico en el ejercicio de su cargo.

La misión de la Academia de la Magistratura, tiene como propósito fundamental configurar una magistratura independiente, eficiente, creativa, capaz de interpretar jurídicamente las normas, principios y valores del sistema legal, consciente del impacto socio-económico de sus decisiones y capaz de contribuir al mejoramiento permanente del servicio público de Justicia que garantice el desarrollo del Estado de Derecho, democrático y justo.

3. EL PERFIL DEL MAGISTRADO

La Reforma Jurisdiccional no debe concebirse sólo como la optimización del Magistrado del presente, sino que implica, fundamentalmente, la formación del Magistrado del próximo milenio. Este enfoque prospectivo es particularmente importante en el contexto de provisionalidad que atraviesa la magistratura en el ámbito nacional.

En este sentido, la tarea de la Academia se orienta sobre la base del Perfil del Magistrado, que es el conjunto de cualidades que debe poseer un Magistrado, de modo que permitan satisfacer las exigencias de la sociedad, del ambiente interno institucional y de la función jurisdiccional.

El desarrollo de un Poder Judicial renovado, exige determinadas características de un Magistrado:

Capacidad de interpretación, análisis y entendimiento de la normatividad vigente, para aplicarla en la solución de conflictos, así como dar razones que justifiquen su decisión final.

Atención a su entorno socioeconómico y valoración del impacto que sus decisiones provocan al interior de la comunidad. Apto para evaluar la conveniencia social de sus sentencias para privilegiar el o los valores sociales más importantes y consensuales en su comunidad. Diestro para emitir resoluciones coherentes a partir de normas actuales; así como adecuar su función a la satisfacción de las necesidades cambiantes de la sociedad.

Independiente e imparcial. Preparado para resistir las influencias que agentes externos a su función pretendan ejercer, sin tomar en cuenta su origen (político, económico, de cuerpo, etc.).

Con una personalidad definida, cuya autonomía para la toma de decisiones sea incuestionable. Dispuesto a conservar su autoridad neutral frente a los intereses en conflicto.

Promotor y defensor de los derechos y garantías constitucionales, que protegen la vida, la integridad física y la dignidad de las personas.

Honesto, con solidez ética irreprochable, cuya prudencia y honestidad sean bien conocidas por su trayectoria personal y profesional, de manera que el Magistrado aumente su autoridad y sea un difusor efectivo de los valores constitucionales.

Competente profesionalmente, conocedor del derecho vigente, tanto en sus aspectos positivos, procesales y de su fundamentación en el ámbito de principios doctrinarios.

Eficiente y con espíritu de servicio, capaz de lidiar con altas cargas de trabajo. Experto en priorizar los casos que merecen mayor atención para su estudio y resolución. Hábil para administrar eficientemente su tiempo y cumplir las demandas de una fuerte carga procesal.

Inteligente para facilitar los medios a fin que su potestad jurisdiccional llegue a los justiciables en forma expedita y oportuna, sin trabas burocráticas ni impedimentos. Dispuesto a escuchar las críticas que le formulen y rescatar de ellas los elementos que le permitan mejorar su función.

En fin, un Magistrado líder, capaz de participar en el autogobierno del Poder Judicial, identificado con el servicio de Administración de Justicia, con habilidad para manejar herramientas de gestión y paulatinamente constituirse en responsable de las políticas jurisdiccionales.

4. CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Academia inició sus funciones en 1995, período en el que se fueron definiendo los principales criterios conceptuales y los lineamientos que debían guiar su accionar. A fines de ese año y principios de 1996, quedó conformado el equipo profesional y administrativo encargado del diseño y ejecución de sus actividades.

La Academia funda su labor académica en tres líneas de actuación fundamentales. Los Programas, que son espacios de capacitación de naturaleza permanente, establecidos en su Ley Orgánica. Los Proyectos, que son acciones de naturaleza temporal o que responden a encargos específicos emanados de disposiciones legales. Las Actividades, que constituyen acciones complementarias a los dos anteriores y cuya ejecución se traduce en resultados periódicos o puntuales.

La Academia, como lo adelantamos, tiene a su cargo tres clases de Programas para cumplir con su misión: el Programa de Actualización y Perfeccionamiento - PAP, el Programa de Formación de Aspirantes - PROFA a la Carrera Judicial y Fiscal y el Programa de Capacitación para el Ascenso - PCA, este último en plena implementación.

5. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES - PROFA

El Programa de Formación de Aspirantes – PROFA, está destinado a preparar académicamente, aspirantes a la carrera de la Magistratura.

Está dirigido a Magistrados provisionales o suplentes que vienen desempeñando cargos en el ámbito de Justicia de Paz Letrada y en Juzgados Especializados o Mixtos. Igualmente, a abogados de ejercicio libre, interesados en postular ante el Consejo Nacional de la Magistratura a cargos titulares en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Conforme a la Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial Nº 333-98-SE-TP-CME-PJ, del 14 de Agosto de 1998, los cursos de formación de aspirantes se llevan a cabo en 24 meses. Seis se destinan a la formación general, y es común para los aspirantes a Jueces y Fiscales. Seis, se destina al dictado de cursos teóricos de especialización, los cuales se realizan por separado a los aspirantes a Jueces y Fiscales. Finalmente, 12 meses para la ejecución de prácticas y tutorías.

En este sentido, el Nuevo Plan Curricular (Resolución N° 333-98 citada y Resolución Nº 014-98-CRG-AMAG), comprende los siguientes módulos temáticos:

Primer semestre: formación general.

Razonamiento Jurídico.- Lógica jurídica. Interpretación e integración jurídicas. Métodos de argumentación jurídica. Técnicas de redacción jurídica.
Temas de Derecho Constitucional.- La Constitución como fuente. Estructura del ordenamiento jurídico. La interpretación constitucional. Derechos Fundamentales y procesos constitucionales
Temas de Derecho Penal.- Teoría del injusto penal. Imputación subjetiva-culpabilidad-punibilidad, sistema de penas e individualización judicial de la pena. Delitos contra el patrimonio individual y socioeconómicos. Delito de tráfico de drogas, lavado de dinero y de funcionarios públicos. Penas y reparación civil.
Temas de Derecho Civil .- La invalidez de los actos jurídicos. La ineficacia contractual y la resolución de los contratos con prestaciones recíprocas. Mecanismos modernos de contratación y defensa del consumidor. Sistema de responsabilidad civil.
Contexto Socioeconómico de la Magistratura.- Análisis económico del derecho. Acceso a la justicia. El Magistrado que el Perú necesita. Procesos de transformación en la Administración de Justicia.

Segundo semestre: especialización para jueces.

a. Gestión administrativa y del despacho judicial. Las garantías constitucionales de la Administración de Justicia bajo la óptica de la gestión administrativa. La estructura administrativa del Ministerio Público. La Justicia de Paz y la Carrera Judicial y Fiscal. Lineamientos generales de política fiscal.
b. Temas de derecho procesal penal. Resoluciones y dictámenes. Introducción a la teoría de las pruebas. Obtención y valoración de pruebas penales. Problemas especiales de derecho procesal penal.
c. Temas de derecho procesal civil. Acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. La nulidad de los actos procesales y los principios que rigen su conservación. Tutela ordinaria y tutela urgente. La prueba en el proceso civil.
d. Ética y revalorización del Juez y el Fiscal. Introducción y nociones generales de Ética. Realidad Ética del hombre. La profesión como forma de conducta. Ética Profesional concreta del Magistrado.

Segundo semestre: formación especializada para fiscales

a. Gestión administrativa y del despacho fiscal. Las garantías constitucionales de la Administración de Justicia bajo la óptica de la gestión administrativa. La estructura administrativa del Ministerio Público. La Justicia de Paz y la Carrera Judicial y Fiscal. Lineamientos generales de política fiscal.
b. Temas del proceso penal y Técnicas de investigación del delito. Resoluciones y dictámenes. Introducción a la teoría de las pruebas. Obtención y valoración de pruebas penales. Problemas especiales de derecho procesal penal. Criminalística.
c. Ética y revalorización del Juez y el Fiscal. Introducción y nociones generales de Ética. Realidad Ética del hombre. La profesión como forma de conducta. Ética Profesional concreta del Magistrado.

Segundo Año: Prácticas y Tutorías para aspirantes a Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

PRIMER CURSO CON SEDE EN LIMA

Se inició el 13 de Octubre de 1997. Cuenta actualmente con 284 participantes. De ellos, 222 son aspirantes a Jueces y 62, a Fiscales. El 24 de Abril del presente año, concluyó el segundo semestre de formación especializada para Jueces y Fiscales, y, con ello, el primer año de formación teórica. El 14 de Agosto del presente año, se inició el desarrollo del año de prácticas y tutorías, luego del cual, concluirá el Curso.

SEGUNDO CURSO CON SEDE EN LAMBAYEQUE (Originalmente Piura)

Se inició el 14 de Febrero de 1988. Participan actualmente, 75 discentes, de los cuales, 52 son aspirantes a Jueces y 23 son aspirantes a Fiscales. El 12 de Junio de este año, concluyó el segundo semestre de formación especializada para Jueces y Fiscales correspondiente al primer año de formación teórica. El 4 de Setiembre del presente año, se inició el año de prácticas y tutorías, a cuya finalización se dará por concluído el Curso.

TERCER CURSO DESCENTRALIZADO Y SIMULTÁNEO, CON SEDE EN AREQUIPA, CUSCO, LIMA Y LAMBAYEQUE

Se inició el 17 de Abril de 1999. Cuenta con 600 discentes, de los cuales 135 están matriculados en la Sede AMAG-Arequipa; 105 en la Sede AMAG –Cusco; 254 en la Sede AMAG-Lima; y, 115 en la Sede AMAG-Lambayeque. A la fecha, están desarrollando el primer semestre de formación general que concluirá el 30 de Octubre del presente año, momento en el que optarán por cursar el segundo semestre de especialización para Jueces ó para Fiscales, luego de lo cual, seguirán un año de prácticas y tutorías.

6. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO - PAP

El Programa de Actualización y Perfeccionamiento (PAP), tiene por finalidad la capacitación y especialización de los Magistrados en funciones del Poder Judicial y Ministerio Público, en forma permanente y descentralizada. Está destinado a reforzar y actualizar conocimientos, así como promover las habilidades y calidades necesarias para lograr un cabal ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal.

Las actividades de este Programa se iniciaron en 1996, llevándose a cabo 28 cursos, capacitando un total de 1,156 Magistrados, de los cuales, 945 fueron del Poder Judicial y 211 del Ministerio Público. En 1997, se dictaron 53 cursos, siendo capacitados un total de 1,840 Magistrados, de los cuales 1,395 fueron del Poder Judicial y 445 del Ministerio Público. En 1998, se dictaron 34 cursos, logrando la capacitación de 1,178 Magistrados, de los cuales 865 correspondieron al Poder Judicial y 313 al Ministerio Público.

Los cursos realizados tuvieron carácter descentralizado, congregando a Magistrados de diversas localidades del país, mediante la conformación de sedes (agrupación de dos o más Distritos Judiciales con similar realidad sociojurídica).

Mediante Resolución Administrativa de la Comisión de Reorganización y Gobierno de la Academia de la Magistratura N° 013-99-CRG-AMAG, de fecha 07 de Mayo de 1999, se aprobó la programación de 19 cursos regulares, con cuya ejecución se proyecta la capacitación de 765 Magistrados, 583 del Poder Judicial y 182 del Ministerio Público.

Cabe mencionar que, desde Agosto de 1998, vienen funcionando sedes descentralizadas de la Academia, ubicadas en las ciudades de Arequipa, Cusco y Lambayeque, las cuales permiten capacitar a Magistrados, abarcando el ámbito nacional logrando, asimismo, la consolidación institucional de la Academia como órgano del Sistema Judicial de rango constitucional.

Para la ejecución de sus actividades académicas el Programa de Actualización y Perfeccionamiento, cuenta con dos modalidades de cursos:

7. CURSO BÁSICO DE ACTUALIZACIÓN PARA MAGISTRADOS - CBAM

Dirigido a los Magistrados titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público; está concebido como una actividad intensiva y homogénea de capacitación para la formación jurídica del Magistrado, permite brindar materias y temas "transversales" enfocados como un aspecto esencial para el ejercicio de la actividad jurisdiccional y fiscal; con el tratamiento de temas relacionados con el Razonamiento Jurídico, Gestión Jurisdiccional y Ética Judicial. Su duración es de 48 horas lectivas.

8. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN - CEM

Dirigidos a Magistrados titulares y provisionales del Poder Judicial y del Ministerio Público; se definen como espacios breves, pero intensivos de intercambio de conocimientos, a efecto de conseguir habilidades especiales que se requieren para ejercer las funciones de Juez o Fiscal, según sea el caso, así como para mejorar su desempeño, impartiendo formación teórica y práctica en aspectos jurídicos, privilegiando el análisis y la interpretación a través de la resolución de casos y problemas que supongan la aplicación de conocimientos y la adopción de criterios que redunden en una jurisprudencia creativa, funcional y bien sustentada. Su duración es de 21 horas lectivas.

En aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 11° de la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura, el Programa de Actualización y Perfeccionamiento, evalúa a los integrantes de la Carrera Judicial del Poder Judicial y del Ministerio Público que participan en los cursos impartidos por el Programa, sea cual fuere su modalidad (Cursos Básicos y Cursos de Especialización), cuyos calificativos serán considerados para los efectos de la admisión al Programa de capacitación académica para el ascenso.

La Academia de la Magistratura, desarrollará durante el presente año, 9 Cursos Básicos de Actualización para Magistrados, a fin de culminar con la capacitación de los Magistrados titulares del país y 10 cursos de especialización, denominado Curso de Capacitación en Conciliación, dirigidos a los Jueces de Paz Letrado de la República.

9. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ASCENSO - PCA

El Programa de Capacitación para el Ascenso, habilita para postular al cargo inmediatamente superior a los integrantes de la Carrera Judicial y Fiscal que gozan de la condición de titulares, en el marco de la normatividad constitucional y legal vigente.

Este Programa busca preparar Magistrados, interesados en ascender al nivel superior que aspiran. El PCA no sustituye la necesaria actualización permanente del Magistrado y presupone una formación jurídica acorde con su investidura. El enfoque más adecuado en ese sentido, se orienta a una participación teórico-práctica, basada en el desarrollo de capacidades y habilidades de tipo instrumental. La metodología será activa, inductiva y práctica, a partir del estudio de ejecutorias y expedientes; ello implica la necesaria participación de docentes – Magistrados. La metodología será fundamentalmente presencial, considerándose necesaria una hora de estudio individual por cada hora de clase lectiva.

Para el presente año, la Academia dictará el Curso de Capacitación para el Ascenso al cargo de Vocal Superior y Fiscal Superior.

El objetivo general es habilitar a los candidatos para el ascenso a Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, reforzando su función de juzgadores y garantes de los derechos ciudadanos. En el caso de los candidatos a Fiscales Superiores, se orienta a la investigación, persecución del delito y defensa de la legalidad, en una perspectiva de complementariedad entre Ministerio Público y Poder Judicial.

Los objetivos del Curso están en función de los perfiles deseables de Vocal y Fiscal Superior, para lo cual se establecen los siguientes objetivos específicos:

Desarrollar capacidades de gestión administrativa y de recursos humanos para el despacho superior, en un entorno de trabajo colegiado.

Ejercitar en la revisión de los actuados a nivel de Primera Instancia como garante de los derechos del ciudadano.

Ejercitar en la solución de las causas de mayor complejidad e incidencia que se someten a consideración de las Fiscalías y Vocalías Superiores.

Incrementar las habilidades propias de la función de juzgar.

Analizar el impacto socioeconómico de las resoluciones judiciales.

Elaborar razonamientos y argumentos de calidad para las sentencias y resoluciones.

Desarrollar relaciones de cooperación entre Poder Judicial y Ministerio Público.

El Curso estará orientado en ocho módulos temáticos: Razonamiento y Redacción de Sentencias, Gestión Administrativa del Despacho Judicial Superior, Seminario de Derecho Penal, Seminario de Derecho Público, Seminario de Derecho Privado, Seminario de Derecho Procesal Civil, Seminario de Derecho Procesal Penal, Impacto Socioeconómico de las Decisiones Judiciales.

El contenido específico de los módulos se definirá atendiendo a los temas tratados en los plenos jurisdiccionales y a las demandas planteadas a la Academia.

En cada módulo temático participarán necesariamente Magistrados, y, complementariamente, docentes universitarios de reconocido prestigio.

Las sesiones de clase se llevarán a cabo bajo la modalidad de Seminario-Taller, a partir de ejecutorias y expedientes, combinando el aporte de Magistrados y catedráticos universitarios. Esta metodología permite, a partir de los casos, revisar aspectos generales de la teoría del derecho, corrientes jurisprudenciales en la materia, alternativas de solución a los problemas planteados.

El Curso presupone una formación general como Magistrado en los principales campos del derecho, lo que será evaluado en el proceso de admisión.

10. PROYECTO DE AUTOCAPACITACIÓN ASISTIDA: REDES DE UNIDADES ACADÉMICAS JUDICIALES Y FISCALES

La prioridad de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial en 1999, es reducir el nivel de carga procesal de los Magistrados. En tal sentido, la Academia ha compatibilizado con dicha política, reduciendo a 19 los cursos del Programa de Actualización y Perfeccionamiento. Sin embargo, a fin de no perder presencia a nivel nacional y continuar con la política de descentralización de la Academia de la Magistratura, se impulsará el Proyecto de Autocapacitación Asistida: "Redes de Unidades Académicas Judiciales y Fiscales".

Una ventaja de la autocapacitación a distancia, está dada por la facilidad en la internalización de los conocimientos, por parte de los Magistrados.

El método principal a utilizar para lograr la autocapacitación estará constituido por los cursos a distancia, cuyas características principales son la existencia de una relación mediatizada entre el grupo instructor y el participante, así como la diferencia de tiempos y lugares en la realización de las actividades de enseñanza – aprendizaje.

Como consecuencia de la separación entre el participante y el instructor, la principal responsabilidad instruccional recae en el diseño de las situaciones y recursos seleccionados para "mediatizar" la interrelación educativa, ya que el participante deberá lograr los objetivos instruccionales a través de interacciones distintas a las convencionales. De esta manera, el sistema tiene que diseñarse forzosamente centrado en el aprendizaje y sobre todo en el esfuerzo personal del Magistrado.

La educación a distancia deberá ajustarse en todo momento a las reales capacidades e intereses del Magistrado, proporcionándoles las actividades, los recursos y las situaciones que, en cada caso, representen las respuestas educativas idóneas para producir un aprendizaje efectivo.

Por ello, es importante la preparación de los "módulos instruccionales" o "unidades académicas", que consisten en la preparación de materiales de lectura por parte de personas calificadas, que puedan servir como base para los cursos regulares de capacitación, así como para posibles cursos a distancia.

Estos materiales deberán contener guías o instructivos de contenidos, que faciliten el tratamiento de los temas y permitan a las unidades alcanzar conclusiones correctas en los distintos tópicos sometidos a debate y discusión.

Al elaborar el diseño, se establecerá un sistema de retroalimentación, el que consistirá en el envío de materiales y trabajos a ser desarrollados por los Magistrados sujetos a autocapacitación. De otro lado, estos deberán remitir al Proyecto los trabajos debidamente desarrollados.

CURSOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Se pretende implementar 10 módulos instruccionales, a fin de que sean ejecutados en el segundo semestre de 1999. De esta manera, se estaría cubriendo el espacio dejado por la Academia, al dictar los cursos del PAP, sólo a los Magistrados Titulares y a los Jueces de Paz Letrados.

Los cursos de educación a distancia están, previstos para albergar aproximadamente a 60 Magistrados. En este sentido, se podría capacitar por esta vía aproximadamente a 600 Magistrados durante el presente año.

Se ampliaría el radio de presencia de la Academia de la Magistratura a Distritos Judiciales en los cuales no se ha llegado desde el año pasado.

CONFERENCIAS DE CARÁCTER PRESENCIAL

Se prevé realizar conferencias de profesores de la Academia de la Magistratura, a fin de incrementar aún más la presencia de la Academia. No hay que olvidar que la Academia pretende utilizar diversas técnicas de educación. La educación a distancia será implementada de manera paulatina, pero no por ello, se pretende sustituir el sistema de educación presencial.

Las conferencias deberán ser ofrecidas en aquellos Distritos Judiciales en los cuales la Academia no cuenta con Sedes desconcentradas, para cumplir con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de Distritos Judiciales del país. Dichas conferencias se realizarían los días sábados y domingos, a fin de no distraer la carga de trabajo de los Magistrados.

Se convocaría no sólo a los Magistrados del Poder Judicial sino también a los Magistrados del Ministerio Público, con quienes el Proyecto no ha tenido mayor contacto durante el presente año.

PROYECTO DE JURISPRUDENCIA

Se pretende desarrollar un proyecto piloto para la recopilación, análisis y difusión de jurisprudencia relevante en diferentes áreas del Derecho, a fin de que sean puestas a disposición de los Magistrados e investigadores que requieran conocer y analizar las tendencias jurisprudenciales.

El resultado esperado, es contar con una selección de jurisprudencia comentada por especialistas en diversas materias, que podrá ser publicada para cubrir el universo de Magistrados que no tienen acceso a medios informáticos, sobre todo, aquellos que ejercen su función en las provincias más alejadas del país.

El interés de los Magistrados por consultar jurisprudencia corresponde a una razonable inquietud y un lógico interés por conocer los criterios jurisprudenciales dominantes, a fin de poder orientar sus resoluciones en tal sentido o para poder justificar y motivar las razones de la discrepancia en otro caso.

Lo más importante, es el hecho que se evitarán las discrepancias entre resoluciones dictadas, en asuntos semejantes, en distintas Cortes o, como puede ocurrir en ocasiones, en la misma Corte Superior.

El acceso generalizado por parte de Magistrados al conocimiento de la jurisprudencia menor emanada de las Cortes de todo el país, constituirá una gran fuente de actualización y perfeccionamiento que permitirá avanzar en la progresiva uniformización de criterios judiciales e incrementará la predecibilidad del sistema:

Igualmente, ayudará a conseguir avances en otros objetivos de la Reforma del Poder Judicial, como son la reducción de litigios y del tiempo para obtener una respuesta definitiva a la pretensión. Mejorar el control de las resoluciones judiciales y asegurar la uniformidad en la respuesta judicial definitiva a los conflictos.

El Proyecto deberá contar también con una base de datos a la cual puedan acceder los Magistrados, a fin de consultar las sentencias que no hubieran sido publicadas. Además, la base de datos brindará valiosa información de carácter estadístico acerca de las diferentes corrientes jurisprudenciales existentes en cada Distrito Judicial del Perú. De esta manera, la Academia de la Magistratura, podrá realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación en forma permanente, conociendo de primera mano las necesidades de cada Distrito Judicial.

11. PUBLICACIONES

Serie de Jurisprudencia

La Academia de la Magistratura, deberá convertirse a mediano plazo, en la institución que contribuya mayormente a la cultura jurídica del país, por ello, las corrientes doctrinarias y jurisprudenciales del Perú, serán representadas en las publicaciones que editemos.

De esta manera, la "Serie de Jurisprudencia" contribuirá en la difusión de las tendencias jurisprudenciales existentes e indirectamente a su uniformización, coadyuvando en el logro de una mayor eficiencia en la labor jurisdiccional.

Un aspecto valioso de esta publicación, que la diferencia de otras de igual naturaleza, es la diversidad de orígenes de las resoluciones, ya que provienen de los Distritos Judiciales del interior del país.

Por tanto, nos encontramos plenamente convencidos que la publicación de la Serie de Jurisprudencia, constituye un mecanismo de publicidad de los criterios jurisprudenciales que existen en el interior de cada Distrito Judicial. Y como se ha mencionado líneas arriba, es parte de todo un Proyecto que pretende reducir los riesgos de indeseables divergencias entre las soluciones alcanzadas en los escalones inferiores de la organización judicial y los criterios predominantes en los órganos llamados a ejercer el control de dichas resoluciones.

12. OTRAS ACTIVIDADES

La AMAG también busca promover actividades de Investigación local en los distintos Distritos Judiciales del país.

En cuanto a las Publicaciones, se mantendrá la edición y difusión de La Revista y el Boletín Institucional. La Revista está destinada a coadyuvar a la formación y capacitación de los Magistrados del país. El Boletín, de edición trimestral, tendrá carácter informativo, constituyendo un mecanismo que garantice niveles efectivos de información e intercambio fluído entre la Academia y los Magistrados. En este sentido, se busca intensificar la difusión de las actividades que realiza la Academia, a fin de informar con mayor detalle los objetivos logrados y los próximos proyectos a ejecutarse.

La Academia de la Magistratura cuenta con el Servicio de Biblioteca, donde los destinatarios son Magistrados interesados en consultar y recabar la información bibliográfica y audiovisual existente en la institución, tanto en forma directa como también a distancia. Vía Internet se brinda, asimismo, el servicio de acceso a la biblioteca.

CONSEJO NACIONAL DE MAGISTRATURA

Su función es fortalecer el sistema de administración de justicia, nombrando y ratificando a jueces y fiscales, destituyendo a aquellos que transgredan sus responsabilidades, contribuyendo de ese modo a mejorar la administración de justicia y la defensa de la legalidad en el país.

Es independiente y se rige por su ley orgánica. El presidente para el periodo 2016-2017 es el Dr. Guido Aguila Grados.

Sus miembros son elegidos de la siguiente manera: Uno elegido por la Corte Suprema, uno elegido por la junta de Fiscales Supremos, uno por los Colegios de Abogados del país, dos por los demás Colegios Profesionales, uno por los rectores de las universidades nacionales y uno por los rectores de las universidades privadas. Adicionalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura puede ampliar su número a nueve miembros, con los dos miembros adicionales elegidos por el mismo Consejo.

Está compuesto por los siguientes magistrados:

Guido Aguila Grados(presidente)
Orlando Velásquez Benites
Julio Gutiérrez Pebe
Iván Noguera Ramos
Hebert Marcelo Cubas
Baltazar Morales Parraguez
Elsa Maritza Aragón Hermoza

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Un Tribunal Constitucional o Corte Constitucional es un órgano jurisdiccional que es responsable, principalmente, de hacer efectiva la primacía de la constitución. Tiene la atribución de interpretación de la constitución y de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes y otras normas de rango infralegal, esto es, tiene la facultad de revisar la adecuación de las leyes, y en último término de los proyectos de leyy los decretos legislativos o del poder ejecutivo, a la constitución.

De acuerdo al modelo kelseniano, un tribunal constitucional actúa como un legislador negativo, pues carece de la facultad de crear leyes, pero en el caso de que entienda que una de las promulgadas vulnera lo dispuesto en la Constitución, tiene poder para expulsarla del ordenamiento jurídico, declarando su inconstitucionalidad. Teorías más recientes sostienen que la tarea de un tribunal constitucional es ejercer una función jurisdiccional, resolviendo conflictos de carácter constitucional, que puede incluir la revisión de la actuación del poder legislativo, la protección de los derechos fundamentales y la distribución de competencias entre los poderes constituidos.

Algunos países siguen el modelo austríaco que contempla un Tribunal Constitucional, mientras otros siguen el modelo estadounidense de un Tribunal o Corte Suprema que ejerce las funciones de un tribunal constitucional. De todos modos, no es inusual, como en ciertos Estados iberoamericanos, que el control de la constitucionalidad se encuentre compartido entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.

MINISTRO PUBLICO

El Ministerio Público (Ministerio Fiscal, Fiscalía General o Procuraduría General) es un organismo público, generalmente estatal, al que se atribuye, dentro de un Estado de derecho democrático, la representación de los intereses de la sociedadmediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten los caracteres de delito, de protección a las víctimas y testigos, y de titularidad y sustento de la acción penal pública.

Así mismo, está encargado de contribuir al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado, a la luz de los principios orientadores del Derecho penal moderno (como el de mínima intervención y de selectividad).

Por su calidad en el procedimiento y su vinculación con los demás intervenientes en el proceso penal, es un sujeto procesal y parte en el mismo, por sustentar una posición opuesta al imputado y ejercer la acción penal (en algunos países en forma monopólica). Sin embargo, es parte formal y no material, por carecer de interés parcial (como un simple particular) y por poseer una parcialidad que encarna a la colectividad (al Estado) y que exige, por tanto, que sea un fiel reflejo de la máxima probidad y virtud cívica en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de sus deberes.

PODER JUDICIAL

El Poder Judicial del Perú es un organismo autónomo de la República del Perú constituido por una organización jerárquica de instituciones, que ejercen la potestad de administrar justicia, que en teoría emana del pueblo, no obstante no es elegido directa ni indirectamente.

Está encabezado por el presidente Duberlí Rodríguez y por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que tiene competencia en todo el territorio. El segundo nivel jerárquico lo forman las Cortes Superiores de Justicia con competencia en todo un Distrito Judicial. El tercer nivel es formado por los Juzgados de Primera Instancia cuya competencia es, aproximadamente, provincial. Luego,se encuentran los Juzgados de Paz Letrados, con competencia distrital.Y finalmente los Juzgados de Paz(no letrados),encargados de resolver asuntos judiciales sencillos. ´Al darse la independencia del Perú, José de San Martín creó la “Cámara de Apelaciones”, por decreto del 12 de febrero de 1821, con una jurisdicción que alcanzó los territorios de los actuales departamentos de Cajamarca, Piura, Lambayeque, Amazonas, entonces conocido como Chachapoyas y de Huamachuco, que era como entonces se conocía a la actual provincia de Sánchez Carrión, con sede en la ciudad de Trujillo, con el objetivo de reemplazar a la Real Audiencia, fue reemplazada el 26 de marzo de 1824, en ese año se estableció en Trujillo la primera Corte Superior de Justicia que tuviera la República del Perú, como máximo tribunal de justicia, con atribuciones de Corte Suprema, bajo la denominación de Corte Superior del Norte¹ cabe destacar que pese a ya no tener a la Real Audiencia, el Perú siguió usando el derecho ibérico para impartir justicia

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